Estudio médico legal de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en España en comparación con el resto de los países que regulan la eutanasia y/o el suicidio asistido / Medico legal study of the organic law of the regulation of euthanasia in Spain compared to the rest of the countries that regulate euthanasia and / or assisted suicide

La regulación de la eutanasia ha sido objeto de debate desde hace años, desde los campos de la medicina, el derecho y la bioética, y por tanto de la medicina legal, en la que estas 3 disciplinas convergen. En los últimos 30 años hemos vivido un proceso de despenalización y regulación en diferentes países del mundo. Actualmente la eutanasia y/o el suicidio asistido están regulados en 7 países: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y España, así como en 11 estados de EE. UU.: Oregón, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Hawai, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México y el Distrito Federal de Columbia/Washington D.C., y en 2 estados de Australia: Estado de Victoria y Australia Occidental. En este trabajo de revisión realizamos un estudio sobre los aspectos más importantes de la nueva Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en España comparando con el resto de los países en los que también tienen la regularización de la eutanasia y/o el suicidio asistido. (AU)

The regulation of euthanasia has been the subject of debate for years, from the fields of Medicine, Law and Bioethics, and therefore of Legal Medicine, in which these three disciplines converge. In the last thirty years we have experienced a process of decriminalization and regulation in different countries of the world. Currently euthanasia and/or assisted suicide are regulated in 7 countries: Holland, Belgium, Luxembourg, Canada, Colombia, New Zealand and Spain, as well as in 11 US states: Oregon, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Hawaii, Maine, New Jersey, New Mexico and the Federal District of Columbia / Washington D.C, and in 2 states of Australia: State of Victoria and Western Australia. In this review work we carry out a study on the most important aspects of the new law of the regulation of euthanasia in Spain compared to the rest of the countries in which they also have the regularization of euthanasia and / or assisted suicide. (AU)

Los profesionales de la sanidad no son autoridad a efectos penales / Healthcare professionals are not authority in Spanish criminal law

La atribución de la condición de autoridad a efectos penales a los profesionales de la sanidad pública es un error que viene repitiéndose desde antes de la reforma del ordenamiento penal español del año 2015 (LO 1/2015, de 30 de marzo). Este trabajo recoge esta problemática y, en particular, cómo se repite en la actualidad en resoluciones judiciales, literatura científica, manifestaciones de colegios profesionales y medios de comunicación, generando una situación confusa, sobre todo por la diferencia en las consecuencias punitivas que esta apreciación supone. Incluso se reclama la posibilidad de que la consideración de autoridad se extienda al ámbito privado. Esto resulta inviable, puesto que ni es aplicable a la sanidad pública ni los profesionales de la sanidad privada detentan tan siquiera la condición de funcionario público

The attribution of the status of authority in Criminal Law to public health professionals is a mistake that is been repeated even before the reform of the Spanish penal system in 2015 (Organic Law 1/2015 of 30 March). This work describes this problem and, in particular, how it is repeated today in judgments, scientific literature, and demonstrations from professional associations and media. This creates a confusing situation, particularly due to the differences in the punitive consequences. The attribution of the status of authority is even expected to be extended to the private healthcare. This is unworkable, since it does not apply to public health workers, and private health professionals do not even have the status of public servants

Agresiones a profesionales sanitarios: tratamiento a partir de la reforma del Código Penal de 2015 de las lesiones y las antiguas faltas / Aggression towards healthcare professionals: treatment due to the reform of the spanish penal code of 2015 of injuries and the old faults

Con la entrada en vigor de la reforma del Ordenamiento penal español de julio de 2015 (LO 1/2015, de 1 de julio), el Código Penal vigente desde 1995ha tenido una serie de modificaciones. Este artículo valora los cambios más representativos que esta reforma ha introducido en las lesiones y otras figuras delictivas anteriormente consideradas «faltas» y ahora «delitos leves». El objetivo es determinar la repercusión de estos cambios en el tratamiento penal y jurisprudencial de las agresiones contra los profesionales sanitarios. El análisis se realiza desde una triple perspectiva: la doctrina, la normativa penal y la interpretación de la jurisprudencia al juzgar supuestos de agresiones a estos profesionales. Se concluye que, al menos en cuanto a las lesiones (tanto las consideradas delito, como las antiguas «faltas» ahora «delitos leves»), el maltrato de obra, las injurias leves y las vejaciones, en la práctica se ha rebajado su punición (AU)

With the entry into force of the reform of the Spanish penal system of July 2015 (Organic Law 1/2015), the Criminal Code in force since 1995 has had a number of changes. This article considers the most representative changes that this reform has introduced in injuries and other criminal offenses formerly considered "faults" and now "minor offences". The objective is to determine the impact of these changes on the criminal and jurisprudential treatment of attacks against health professionals. The analysis has been made from a triple perspective: the opinion of academic writers, criminal legislation, and the interpretation made by the jurisprudence when judging cases of aggressions to this professional group. It is concluded that, at least in where it refers to injuries (both those that were considered as a crime, and the old "faults", now considered "minor offences"), abuse, minor injuries, and humiliations, their punishment, in practice, has been lowered (AU)

Maltrato psicológico en las víctimas de violencia de género. Evaluación médico-legal y forense / Psychological abuse in victims of gender violence: medical-legal and forensic assessment

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1996), declara la erradicación de la violencia contra las mujeres como una prioridad de salud pública. Esta violencia causa serias secuelas físicas, psicológicas y sociales a estas mujeres y a sus familias. El objetivo de este artículo es destacar la importancia que tiene la evaluación médico-legal del maltrato y abuso psicológico en las víctimas por violencia de género, así como el cambio que acontece en la metodología del diagnóstico y del reconocimiento de la víctima dependiendo del ámbito donde se realice. La huella psíquica no sólo es clave para los casos de violencia psicológica a los que se refiere la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, también puede ser una secuela en los actos de violencia física, amenazas, coacciones o privación de la libertad (Mestre y Samper, 2008). En consecuencia, se considera que la huella psíquica no se ha tomado en su justa medida como prueba de cargo. Es preciso llevar a cabo una respuesta integral desde la medicina forense, a través del equipo de valoración forense en el que participan diferentes profesionales. Por lo que, los psicólogos forenses pueden desempeñar un rol fundamental en la valoración de la lesión mental o el sufrimiento emocional asociados al maltrato (AU)

In 1996 the World Health Organization (WHO) declared the eradication of the violence against women a priority for public health. This violence causes serious consequences, not only physical but also psychological and social, to women and their families. The purpose of this paper is to highlight the importance of a medico-legal assessment of the psychological ill-treatment and abuse in the victims of gender violence, together with the changes in diagnostic method and victim identification depending on the environment. The mental imprint is both the key to cases of psychological violence referred to in the Organic Act 1/2004 on integrated protective measures against gender violence, and also a consequence in the acts of physical violence, threats, coercion or freedom deprivation. In view of this, the mental imprint seems to have been insufficiently considered as proof of charge. It is necessary to develop a comprehensive forensic assessment including forensic psychologists to assess the mental injury and the emotional suffering associated with ill-treatment and abuse